El sistema judicial está diseñado para proteger a las víctimas. Pero, en ocasiones, puede convertirse en un instrumento de poder si se utiliza de forma indebida. Las denuncias falsas por violencia de género existen, aunque su incidencia sea baja en comparación con el volumen de denuncias legítimas. Sin embargo, cuando ocurren, sus efectos son devastadores. No solo para la persona acusada, sino también para la credibilidad del sistema y la protección real de las víctimas.

Hablar de denuncias falsas no es alimentar una narrativa de sospecha sistemática, ni minimizar la importancia de las políticas de protección. Es, más bien, asumir con rigor que el abuso de un derecho puede convertirse en un daño profundo. Por eso, entender qué ocurre cuando una mujer denuncia falsamente a un hombre no es un ejercicio de revancha, sino de precisión jurídica.

¿Qué consecuencias tiene una denuncia falsa?

Desde el punto de vista legal, interponer una denuncia falsa constituye un delito en sí mismo. El Código Penal lo contempla de forma explícita, y lo sanciona con penas que pueden incluir prisión y multa. Pero aquí es donde entra la verdadera complejidad: demostrar judicialmente que una denuncia ha sido falsa no es nada sencillo.

Para que se inicie una causa penal por denuncia falsa, no basta con que la persona acusada haya sido absuelta o archivado el caso. La justicia no parte de que toda denuncia infundada sea automáticamente falsa. Se requiere una segunda investigación, distinta a la primera, que acredite que la persona que denunció sabía que lo que estaba afirmando era mentira, y aun así lo presentó como cierto.

Este matiz es fundamental: el error, la interpretación o incluso la percepción subjetiva del denunciante no constituyen automáticamente falsedad. La falsedad implica dolo, es decir, la intención deliberada de mentir. Y probar esa intención exige una carga de pruebas muy elevada.

¿Por qué es tan difícil acreditar una denuncia falsa?

Porque el punto de partida del sistema penal es la presunción de inocencia, también para quien denuncia. Además, el ámbito de las denuncias por violencia de género suele ser muy delicado: lo que está en juego son relaciones personales, muchas veces opacas, cargadas de emociones y con escasa evidencia directa.

En este contexto, los tribunales deben distinguir entre una denuncia sin pruebas y una denuncia falsa. No es lo mismo no poder acreditar un hecho que haberlo inventado. Y aquí radica una de las principales dificultades jurídicas: el límite entre lo que no se puede demostrar y lo que se demuestra que nunca ocurrió. Por eso, aunque algunas denuncias no prosperen, no todas pueden considerarse falsas.

El impacto para el hombre denunciado

Para quien es denunciado falsamente, el proceso penal puede convertirse en un verdadero calvario. Aunque no se dicte condena, la sola existencia de la denuncia puede acarrear medidas cautelares —alejamiento, pérdida de custodia, salida del domicilio familiar— que alteran de forma drástica su vida. Y aunque luego se archive la causa, el desgaste emocional, reputacional y económico suele ser profundo y muchas veces irreversible.

Aquí reside una de las paradojas más duras del sistema: la mera activación de los protocolos puede tener consecuencias irreparables, incluso si luego se demuestra la falsedad de la acusación. De ahí que sea tan importante abordar estas situaciones con equilibrio: sin desproteger a las víctimas reales, pero sin permitir que el sistema sea instrumentalizado.

¿Y qué ocurre con la denunciante si se demuestra la falsedad?

Si se logra acreditar que la denuncia ha sido falsa, la mujer puede ser imputada por un delito de denuncia falsa, falso testimonio o incluso simulación de delito. Además de las penas previstas por el Código Penal, puede enfrentarse a la obligación de indemnizar por los daños causados, tanto materiales como morales.

Sin embargo, la mayoría de las veces, las causas se archivan o se sobreseen sin que se inicie una segunda causa penal contra quien denunció. No porque se tolere la falsedad, sino porque la prueba de la intención maliciosa es extremadamente difícil de conseguir.

La importancia de contar con defensa especializada

Contar con una defensa legal especializada ante denuncias falsas no es solo recomendable: es imprescindible. El abogado debe conocer a fondo no solo el Derecho Penal familiar, sino también el funcionamiento práctico de los juzgados de violencia sobre la mujer, los tiempos del proceso, los mecanismos probatorios y, sobre todo, la forma de desmontar una acusación sin pruebas consistentes.

Una defensa eficaz no solo actúa en el terreno jurídico. También tiene una dimensión estratégica: proteger la integridad del acusado en todos los ámbitos —personal, familiar y profesional— y preparar, si procede, una respuesta legal contra la denunciante.

En muchos casos, además, resulta clave colaborar con peritos, psicólogos y otros profesionales que ayuden a esclarecer los hechos y aportar pruebas sólidas, especialmente cuando no existen testigos o documentos directos.

*Si precisas asesoramiento legal, no dudes en ponerte en contacto con Saverio Abogados.