Elegir el colegio de un hijo no es una decisión que pueda tomarse siempre de forma unilateral. Cuando ambos progenitores conservan el ejercicio de la patria potestad, determinadas decisiones educativas requieren que exista acuerdo entre ellos, aunque uno sea el progenitor custodio.

Por eso, un cambio de centro escolar puede convertirse en un conflicto relevante cuando uno de los progenitores quiere llevarlo a cabo y el otro se opone. La cuestión no se reduce a quién tiene la custodia: lo determinante es si la decisión pertenece al ámbito de la patria potestad y, en caso de desacuerdo, qué vía permite resolverlo.

Custodia y patria potestad no son lo mismo

Este es probablemente el primer punto que conviene aclarar.

La custodia determina, en términos generales, con quién conviven los hijos y cómo se organiza su cuidado cotidiano. La patria potestad, en cambio, comprende las responsabilidades y decisiones que corresponden a los progenitores respecto de sus hijos.

Por ello, que uno de ellos tenga atribuida la custodia exclusiva no significa que pueda decidir unilateralmente cualquier cuestión relacionada con la vida del menor.

La elección o cambio de colegio puede afectar a aspectos relevantes de su educación y, dependiendo de las circunstancias, requerir la participación de ambos progenitores. Si existe desacuerdo, no debería solucionarse simplemente llevando al menor a otro centro y comunicándolo después.

¿Qué ocurre si un progenitor quiere cambiar al menor de colegio?

Cuando ambos progenitores no están de acuerdo, lo primero es comprobar qué establece exactamente el convenio regulador o la resolución judicial que regula las relaciones familiares.

Puede existir un acuerdo previo sobre la educación de los hijos, determinadas facultades atribuidas a uno de los progenitores o incluso previsiones específicas sobre la elección del centro escolar. También puede haber circunstancias que hayan cambiado desde que se adoptaron esas medidas.

Si no existe una solución pactada, el conflicto puede trasladarse al juzgado para que sea este quien resuelva la discrepancia.

El artículo 156 del Código Civil contempla precisamente la posibilidad de acudir al juez cuando quienes ejercen la patria potestad no consiguen ponerse de acuerdo en el ejercicio de sus funciones. El órgano judicial puede atribuir la facultad de decidir a uno de los progenitores o adoptar la decisión que corresponda atendiendo al interés del menor.

Esto es importante porque el desacuerdo no significa que uno de los progenitores tenga automáticamente razón por ser custodio o por oponerse al cambio.

¿Y si el cambio de colegio ya se ha producido?

La situación puede complicarse si el menor ya ha sido matriculado en otro centro sin que existiera acuerdo entre los progenitores.

En ese caso, no conviene asumir que la nueva situación queda consolidada simplemente porque el cambio ya se haya producido. Habrá que analizar cómo se tomó la decisión, qué circunstancias concurrían y qué medidas pueden solicitarse para resolver el conflicto.

También será relevante valorar el impacto que cualquier decisión tenga sobre el menor. El objetivo no debería ser convertir el colegio en otro frente de enfrentamiento entre los progenitores, sino determinar qué solución responde realmente a sus necesidades.

¿Puede decidir el juez a qué colegio debe ir el menor?

Cuando el desacuerdo llega al juzgado, no se trata necesariamente de que el juez elija entre dos centros escolares como si se tratara de una cuestión puramente administrativa.

La decisión debe estar vinculada al interés superior del menor y a las circunstancias concretas de la familia. Entre otras cuestiones, pueden adquirir importancia aspectos como la continuidad educativa, la distancia, la organización familiar, las necesidades específicas del menor o las consecuencias que el cambio pueda tener sobre su rutina.

Además, dependiendo de su edad y madurez, la opinión del menor puede tener relevancia en aquellas decisiones que le afectan, de acuerdo con su derecho a ser oído. Esto no significa que el menor tenga capacidad para decidir por sí solo qué colegio quiere: escucharlo y dejar que sea quien tome la decisión son cuestiones diferentes.

¿Qué vía existe para resolver el desacuerdo?

Cuando el conflicto no puede solucionarse mediante el diálogo, existen diferentes vías, y la más adecuada dependerá de la situación concreta.

La mediación familiar puede resultar útil cuando ambos progenitores mantienen cierta capacidad de negociación y el problema se encuentra en una discrepancia concreta. En cambio, cuando el desacuerdo persiste y es necesario obtener una decisión judicial, puede acudirse al procedimiento previsto para resolver las discrepancias en el ejercicio de la patria potestad.

Esta diferencia es importante porque no todos los conflictos sobre el colegio requieren necesariamente una modificación de las medidas de custodia. Si el problema se limita a una decisión concreta sobre el ejercicio de la patria potestad, puede existir una vía específica para resolverlo sin tener que replantear todo el régimen familiar.

Por otro lado, si el desacuerdo sobre la escolarización forma parte de un cambio mucho más amplio en las circunstancias familiares, podría ser necesario valorar si procede solicitar una modificación de medidas.

No es lo mismo cambiar de colegio que elegirlo por primera vez

Otro aspecto que puede pasar desapercibido es que no todas las decisiones educativas tienen el mismo contexto.

La elección inicial del centro, un cambio de colegio durante la escolarización o una modificación provocada por un traslado familiar pueden plantear problemas jurídicos diferentes. También puede ser distinto el análisis cuando existen razones objetivas que hacen necesario cambiar de centro.

Por eso, antes de presentar una solicitud judicial o adoptar una decisión unilateral, resulta recomendable revisar el convenio regulador, la resolución que estableció las medidas y las circunstancias actuales del menor.

Lo importante es actuar antes de que el conflicto se agrave

Los problemas relacionados con el colegio suelen aparecer en momentos concretos del curso, especialmente cuando se aproximan los periodos de matriculación o escolarización. Esperar hasta que el cambio sea inminente puede reducir considerablemente el margen para alcanzar una solución ordenada.

Si no existe acuerdo entre los progenitores, no debería utilizarse la matrícula o el cambio de centro como un hecho consumado para forzar al otro a aceptar una decisión ya tomada. Del mismo modo, una oposición sin fundamento tampoco resuelve el problema: habrá que justificar por qué la decisión propuesta resulta adecuada para el menor.

Cuando el desacuerdo sobre el colegio se mantiene en el tiempo, contar con el asesoramiento de un abogado de Derecho de Familia permite determinar qué facultades corresponden a cada progenitor y cuál es la vía adecuada para resolver el conflicto.

En definitiva, un progenitor no puede asumir que tener la custodia le permite decidir unilateralmente cualquier cuestión educativa, pero tampoco el otro puede bloquear indefinidamente una decisión necesaria. Cuando no existe acuerdo, el ordenamiento ofrece mecanismos para resolver la discrepancia atendiendo al interés del menor.