Retirar una denuncia de violencia de género no equivale, por sí solo, a poner fin al procedimiento penal ni tampoco determina automáticamente qué ocurrirá con la custodia de los hijos.

Esta es una cuestión especialmente delicada cuando existen menores, porque una denuncia puede haber dado lugar a medidas que afectan a la relación entre el progenitor investigado y sus hijos. Y aquí conviene separar dos cuestiones que, aunque relacionadas, pertenecen a ámbitos distintos: el procedimiento penal y las medidas de familia.

Retirar la denuncia no significa necesariamente archivar el procedimiento

Una de las primeras ideas que conviene aclarar es que la persona que interpuso una denuncia no tiene, en términos generales, la facultad de decidir por sí sola que el procedimiento penal termine.

En los delitos perseguibles de oficio, la renuncia de la persona perjudicada no extingue automáticamente la acción penal. El Ministerio Fiscal puede continuar ejerciéndola cuando considere que existen motivos para ello.

Por tanto, expresiones como «he retirado la denuncia, así que el caso queda cerrado» pueden llevar a una conclusión equivocada.

Lo relevante será conocer en qué momento se encuentra el procedimiento, qué delito se investiga, qué actuaciones se han practicado y qué decisión adopte finalmente el órgano judicial.

Esto resulta especialmente importante para el progenitor investigado, porque no debería plantear su estrategia de defensa partiendo únicamente de que la otra persona haya manifestado que ya no quiere continuar.

¿Y qué pasa mientras tanto con la custodia?

Aquí aparece una segunda cuestión que suele generar bastante confusión.

La existencia de una denuncia no significa automáticamente que un progenitor pierda la custodia. Sin embargo, determinadas situaciones derivadas del procedimiento penal sí pueden tener consecuencias directas sobre la guarda y custodia, el régimen de visitas o el ejercicio de la patria potestad.

El artículo 92 del Código Civil establece que, al adoptar medidas relativas a la custodia, el juez debe atender al interés superior del menor y garantizar su derecho a ser oído cuando corresponda.

Por ello, retirar una denuncia tampoco implica que las medidas familiares desaparezcan automáticamente.

Si ya existe una resolución judicial que ha establecido determinadas medidas respecto de los hijos, habrá que analizar qué resolución las acordó y si continúa vigente. Una eventual modificación no se produce simplemente porque cambie la posición de una de las partes dentro del procedimiento penal.

*Más información al respecto:

Una orden de alejamiento cambia el escenario

La situación es todavía más compleja cuando, como consecuencia de la denuncia, se ha acordado una orden de alejamiento u otra medida de protección que afecta al contacto entre los progenitores.

En ese caso, no basta con que ambos progenitores estén de acuerdo en volver a relacionarse con normalidad. Mientras la medida permanezca vigente, deberá respetarse en sus propios términos.

Esto es especialmente relevante cuando hay hijos menores: un acuerdo privado entre los progenitores no puede dejar sin efecto una resolución judicial penal.

Por eso, si la retirada de la denuncia viene acompañada de un cambio en la relación entre los padres, es fundamental comprobar qué medidas siguen vigentes antes de actuar.

¿Puede recuperarse la custodia después de retirar la denuncia?

No existe una respuesta automática. Si la situación familiar ha quedado afectada por una medida penal y se pretende recuperar un régimen anterior de custodia o visitas, habrá que analizar qué ocurrió con las medidas familiares y si las circunstancias actuales justifican su modificación.

El hecho de que la denunciante ya no quiera continuar con la acusación puede formar parte del contexto que deba valorarse, pero no convierte por sí mismo al progenitor investigado en titular automático de un determinado régimen de custodia. La cuestión central seguirá siendo la situación actual de los menores y cuál es la medida que mejor protege su interés.

Además, conviene distinguir entre una investigación penal que continúa abierta y un procedimiento que finalmente termina archivado o con una resolución absolutoria. Son escenarios jurídicamente diferentes y sus efectos sobre las medidas familiares tampoco tienen por qué ser idénticos.

El error de esperar a que se solucione el procedimiento penal para actuar en el ámbito familiar

Cuando hay hijos de por medio, uno de los riesgos más habituales es tratar el procedimiento penal como si fuera el único frente abierto.

Si una denuncia ha provocado cambios en la custodia, en las visitas o en la forma de ejercer la patria potestad, esperar pasivamente a que termine el procedimiento penal puede no ser la mejor estrategia. Cada situación requiere analizar qué medidas están actualmente vigentes y qué vías existen para solicitar su modificación. En algunos casos, será necesario plantear una actuación específica en el ámbito de familia; en otros, habrá que valorar primero las consecuencias de las medidas adoptadas en el procedimiento penal.

Lo importante es no confundir el archivo de una denuncia, la retirada de la denuncia y el levantamiento de una medida judicial, porque jurídicamente no son necesariamente la misma cosa.

La defensa penal y la situación familiar deben analizarse conjuntamente

Cuando un padre está siendo investigado por un delito de violencia de género y, al mismo tiempo, existen hijos menores, la estrategia no debería limitarse a la defensa frente a la acusación penal. Y es que, las decisiones adoptadas durante el procedimiento pueden tener consecuencias prácticas sobre la relación con los hijos, por lo que resulta esencial conocer cómo se conectan ambos procedimientos y qué margen existe para actuar en cada uno.

En definitiva, retirar una denuncia de violencia de género no supone recuperar automáticamente la custodia ni extingue necesariamente el procedimiento penal. Las consecuencias dependerán de la situación concreta, de las medidas que se hayan adoptado y de la evolución de los procedimientos abiertos.

Cuando están en juego la custodia, el régimen de visitas o la patria potestad, contar desde el principio con un despacho de abogados en violencia de género para analizar conjuntamente las consecuencias penales y familiares resulta especialmente importante. En Saverio Abogados ofrecen asesoramiento y defensa especializada en procedimientos de violencia de género y en las consecuencias que estos pueden tener sobre las relaciones familiares.